Una de las medidas destacadas de esta ley es la definición de "zona tensionada", que se refiere a aquellas áreas donde los costos asociados a la compra o alquiler de una vivienda son muy elevados. En estas zonas, se establecen medidas excepcionales para controlar los precios de las viviendas. Además, la ley designa como "grandes tenedores" a aquellos propietarios que posean diez o más viviendas, o cinco si se encuentran en zonas tensionadas.

Otra disposición relevante de la ley es la permanencia de los topes a los incrementos de precios de alquiler, los cuales fueron implementados de manera provisional en marzo del año pasado como parte de un conjunto de medidas anticrisis. Para este año, se establece un límite de aumento del 2%, y del 3% para el próximo año. A partir de 2025, se aplicará un nuevo índice diseñado por el Instituto Nacional de Estadística. Además, la norma refuerza las medidas en materia de vivienda social y modifica los beneficios fiscales para los propietarios que alquilan sus viviendas.

Sin embargo, algunos partidos de la oposición y expertos en el mercado inmobiliario han expresado preocupación de que esta ley pueda tener un efecto contrario al deseado. Aunque la intención es moderar los incrementos de precios y fomentar la oferta de viviendas en alquiler, se argumenta que medidas como los topes de precios han demostrado ser ineficientes, ya que pueden generar escasez de oferta y, como resultado, un aumento en los precios.

Se espera que los grupos más afectados sean aquellos con ingresos más bajos, quienes podrían tener dificultades para acceder al mercado de viviendas. Además, el Partido Popular ha expresado su descontento con la ley, argumentando que facilitará la ocupación ilegal de propiedades.

La vivienda ha sido uno de los temas destacados en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La aprobación de la Ley por el derecho a la vivienda, que es la primera normativa integral en la historia de la democracia española que regula este asunto, será uno de los principales puntos de debate utilizados por los partidos que han respaldado su aprobación. Tanto el PSOE como Unidas Podemos, EH Bildu y ERC podrán destacar esta ley como uno de los principales logros de esta legislatura.

La ley fue presentada en el Congreso en febrero de 2022 y pasó varios meses estancada, generando fricciones, especialmente entre los dos partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Podemos, debido a la falta de consenso en aspectos fundamentales. Finalmente, debido a la proximidad de las elecciones en las que la vivienda es un tema central, la norma ha sido aprobada.